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Bandera amarilla

Con el anuncio del ministro administrativo de la Presidencia, de que el Gobierno no extraerá los más de cuatro mil millones de pesos del 4 % a Educación, como se había consignado en el proyecto de readecuación del Presupuesto Nacional, se disipa una intensa humareda de rechazo e indignación ante ese despropósito

Ninguno de los criterios expuestos para sustentar el desvío de esa millonaria partida desde el ámbito educativo hacia otras dependencias oficiales resulta válido, ni aun el que pregona que en otra parte se le daría mejor uso a esos recursos.

La ley que asigna a Educación el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) fue el resultado de un extendido reclamo popular que obligó a la clase dirigente a consignar en un documento el compromiso de velar por su fiel cumplimiento, con lo cual también se respetaría el mandato de la Constitución.

La vicepresidenta Raquel Peña condicionó desistir de extraer del presupuesto de Educación RD$4,250,412,667 a que un grupo de 25 organizaciones no gubernamentales identificara proyectos educativos para invertir ese dinero en lo que resta de año, lo que debería interpretarse como un fútil ejercicio de improvisación.

Corresponde al ministro de Educación y a sus equipos técnicos y administrativos determinar las urgencias que en el amplio ámbito educativo podrían ser suplidas con esos recursos, que por demás no se entienden las razones por las que se presentan huérfanos de proyectos o planificación.

Se ha dicho que parte de esos fondos serían dirigidos a los financiamientos de subsidios a los combustibles, lo que significaría que la escuela y los estudiantes pagarían parte de los platos rotos por los efectos de una crisis mundial matizada por aumentos del petróleo.

Al prometer que el Gobierno no tocará las partidas del sector educativo, el ministro José Ignacio Paliza ayuda a sofocar un conato de incendio provocado por criterios temerarios sobre recomposición de partidas presupuestarias, como sin duda ha sido intentar extraer fondos de un ministerio financieramente blindado por la Constitución y la ley.

Con esa pretensión de cerrar la bandera amarilla, que propios inquilinos de hoy en el Gobierno ayudaron a abrir, se envía una señal equivocada en perjuicio del anhelo colectivo por un sistema educativo de calidad e inclusivo, pero también obliga a suponer que el 4 % del PIB para la Educación ha significado un motivo de frustración ciudadana.

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